Papa Francisco | Para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen, así lo expresaba el Santo Padre al compartir una carta dirigida al Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP) Profesor Alejandro W. Slokar. La misma fue fechada el 9 de noviembre del presente año y hecha pública en los medios de comunicación del país en la jornada del 10, la cual revela la respuesta a una carta enviada por el Profesor Slokar a Su Santidad Francisco, quien comparte con él y sus asociados una serie de reflexiones sobre temas que atañen directamente a la dignidad de la persona humana, y, por lo tanto, interpelan a la Iglesia en su misión de evangelizadora y servicio a la justicia y a la paz -dice el Papa-.

Así manifestaba el Pontífice, “los expertos en Derecho penal y quienes, en sus diversas tareas, están llamados a desempeñar funciones relacionadas con su aplicación, tienen a su cargo una altísima responsabilidad”. Agregando más adelante, “para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen”.

Profundizando en su mensaje, el Santo Padre refería, “(…) la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, la presión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales.

Desde entonces algunos de los problemas solo han empeorado. Esto es lo que sucede con el incremento del uso indebido del encierro y el consiguiente deterioro de las condiciones de detención, junto al incentivo involuntario a la violencia o al uso desproporcionado de la fuerza, que llega a configurar situaciones de una auténtica pena de muerte informal (…)”.

También el Papa subrayaba con gran preocupación que, “(…) se multiplican algunas formas de criminalidad que afectan la dignidad de la persona humana y la casa común. En ese orden, señalé la necesidad de incorporar el «ecocidio» como una quinta categoría de crímenes contra la paz, es decir, establecer a nivel internacional aquellas conductas que implican la pérdida, daño o destrucción de la flora y la fauna (…)”. Además, pedía, “necesitamos que los juristas debatan y propongan nuevas formas de protección jurídica de la Naturaleza, ya que el derecho humano a un medio ambiente saludable no puede resguardarse sin salvaguardar primero los derechos de la Naturaleza. Más concretamente, el derecho humano a la vida carece de sentido si los ecosistemas que sostienen a la humanidad no tienen derecho a existir”.

En el tramo final de su carta, el Santo Padre también señaló, “(…), la dignidad de la persona también se ve afectada por los abusos que facilitan las nuevas tecnologías. Esta advertencia es particularmente importante frente a las modalidades de previsión de conductas que promete la Inteligencia Artificial, una capacidad tecnológica que podría servir a la actualización de la vieja y conocida peligrosidad, que niega la condición de persona”.

Al respecto, al conocer el mensaje dirigido al ámbito jurídico, el Obispo Castrense de Argentina, Mons. Santiago Olivera quien se encuentra participando de la 121° Asamblea Plenaria del Episcopado Argentino en la Casa de Retiro el Cenáculo, Pilar Provincia de Buenos Aires, se manifestó. En el contacto mantenido con nuestra redacción, expreso, “se recibe con alegría y esperanza las palabras del Papa”.-

A continuación, compartimos en forma completa la carta de Su Santidad Francisco dirigida al Presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP):  

Vaticano, 9 de noviembre de 2022

Señor Presidente de la

Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP)

Profesor Alejandro W. Slokar

Deseo hacer llegar mi saludo a todos los profesores y profesoras que integran la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, un interesante núcleo que permite a los docentes de Derecho penal de toda la Argentina, convocarse, intercambiar puntos de vista, compartir preocupaciones, dialogar acerca de temas comunes y atender a sus problemáticas locales y regionales. Junto con mi agradecimiento por la carta enviada, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ciertas cuestiones vinculadas a su saber que tocan directamente a la dignidad de la persona humana y, por lo tanto, interpelan a la Iglesia en su misión de evangelizadora y servicio a la justicia y a la paz.

Los expertos en Derecho penal y quienes, en sus diversas tareas, están llamados a desempeñar funciones relacionadas con su aplicación, tienen a su cargo una altísima responsabilidad. Tanto la academia como la judicatura deben tener presente el respeto de la ley, cuyas disposiciones de orden superior constitucional e internacional deben observar, junto a un deber de conciencia adecuado a la gravedad de las consecuencias. Más, es menester recordar que la ley por sí sola nunca puede alcanzar los objetivos reales de la función penal.

Muchas veces la doctrina jurídica presenta cierto gnosticismo por no llegar a conducir el poder de la técnica. Tiempo atrás he llamado la atención acerca de los riesgos del idealismo penal y del modo en que «lejos de ser una virtud técnica, contribuye a ocultar los rasgos más autoritarios del ejercicio del poder» (cfr. Discurso a los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 5 de noviembre de 2019).

En efecto, se desbarranca la disciplina intelectual quedando aprisionada por la gnosis. Y ello no queda ahí: la concepción tecnocrática deshumanizadora pone en duda la capacidad crítica de la persona y conduce a un irracionalismo que se importa a las aulas y a las decisiones judiciales.

Para que la función penal no se convierta en un mecanismo cínico e impersonal, necesitamos personas nutridas en formación técnica, pero sobre todo apasionadas por la justicia, conscientes del gran deber que cumplen. Solo así ninguna norma será un fin en sí misma, sino que todas al servicio de las personas implicadas, ya sean los autores de los delitos o las víctimas que han sido ofendidas. De esta manera, es posible abordar los problemas éticos y morales que se derivan de la conflictividad y de la injusticia, comprender el sufrimiento de las personas concretas involucradas y llegar a otras soluciones que no profundicen esos padecimientos.

Necesitamos docentes y jueces que asuman la misión que implica su vocación como servidores del Derecho. Muchas veces se produce un desplazamiento de las personas hacia las estructuras, de tal modo que no es el ethos el que le da forma a las estructuras, sino las estructuras quienes producen el ethos y delimitan la ética profesional. El llamamiento que realizo a ustedes, como expertos, es que contribuyan a la promoción del ejercicio de las funciones académicas y judiciales con apego a compromisos éticos.

En cuanto a los tópicos de vuestro saber, en anteriores ocasiones señalé la misión que tienen los juristas para contrarrestar la irracionalidad punitiva y observé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva, la presión perpetua, el encarcelamiento masivo, el hacinamiento y las torturas en las cárceles, como también la arbitrariedad y el abuso de las fuerzas de seguridad, la criminalización de la protesta social y el menoscabo a las garantías penales y procesales más elementales[i].

Desde entonces algunos de los problemas solo han empeorado. Esto es lo que sucede con el incremento del uso indebido del encierro y el consiguiente deterioro de las condiciones de detención, junto al incentivo involuntario a la violencia o al uso desproporcionado de la fuerza, que llega a configurar situaciones de una auténtica pena de muerte informal (cfr. Discurso a una Delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 17 de diciembre de 2018).

También se multiplican algunas formas de criminalidad que afectan la dignidad de la persona humana y la casa común. En ese orden, señalé la necesidad de incorporar el «ecocidio» como una quinta categoría de crímenes contra la paz, es decir, establecer a nivel internacional aquellas conductas que implican la pérdida, daño o destrucción de la flora y la fauna (cfr. Discurso a los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 15 de noviembre de 2019).

Necesitamos que los juristas debatan y propongan nuevas formas de protección jurídica de la Naturaleza, ya que el derecho humano a un medio ambiente saludable no puede resguardarse sin salvaguardar primero los derechos de la Naturaleza. Más concretamente, el derecho humano a la vida carece de sentido si los ecosistemas que sostienen a la humanidad no tienen derecho a existir. En consecuencia, resulta indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma tecnoeconómico terminen arrasando con la libertad y la justicia (Laudato si´, 53).

Por fin, la dignidad de la persona también se ve afectada por los abusos que facilitan las nuevas tecnologías. Esta advertencia es particularmente importante frente a las modalidades de previsión de conductas que promete la Inteligencia Artificial, una capacidad tecnológica que podría servir a la actualización de la vieja y conocida peligrosidad, que niega la condición de persona.

Siempre con el deseo de que sus trabajos obtengan abundantes frutos, les ruego que recen por mí.

Rezo por Ustedes. Pido al Señor los bendiga abundantemente y, por favor, no se olviden de hacerlo por mí.

Cordialmente,

               Francisco

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[i] Carta a los participantes al XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y al III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, 30 de mayo de 2014; Discurso a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, 23 de octubre de 2014; Carta al presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 20 de marzo de 2015; Discurso a una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, 17 de diciembre de 2018; Discurso a los participantes en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional del Derecho Penal, 15 de noviembre de 2019.